La corrupción tiene a la salud de Colombia al borde del colapso

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Yesid Camacho, presidente de Anthoc nacional, le hizo una radiografía al sistema de salud colombiano. Desveló numerosas grietas y como un cáncer, llamado corrupción, están destruyendo la red pública hospitalaria en todos los departamentos.


Inicia con la casi segura implementación de la Ley 550 en el Hospital Universitario del Valle. De ser así, la mayoría de los servicios pasarán a operadores privados, despedirán a cientos de trabajadores, para finalmente, culminar con la liquidación.

Otro caso, el gobernador del Tolima envió un mensaje al Ministro de Salud, donde asegura que la situación del hospital Federico Lleras, en Ibagué, está peor que cuando lo intervino la Superintedencia Nacional de Salud hace dos años. Lo recibió con 400 camas y hoy tiene 270, lo que implica una reducción del más del 40% de capacidad de la institución.

En Ibagué, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo anunció la liquidación del hospital San Francisco y coloca como condición, para que los trabajadores sigan en las entidades, aceptar que les disminuyan el salario, luego de separarlos por un mes de sus cargos. Algo similar a lo que también sucedió en Bogotá y en Cartagena.

Camacho criticó fuertemente la tendencia a crear sindicatos “chiquiticos” que facilitan la imposición de medidas de las patronales. “Anthoc no se va prestar para eso ni en la ciudad de Ibagué ni en ninguna parte del país”.

Así mismo, la liquidación de la ESE, que cubre el departamento del Vichada. De igual forma, los compromisos adquiridos por el gobierno con el departamento del Chocó no se están cumpliendo integralmente. Por ejemplo, hubo un acuerdo de vincular personal a la planta pero, en cambio, abrieron procesos de levantamiento de fuero a los directivos sindicales.

Desde Guainía comunidades llegaron a Bogotá a denunciar en audiencia pública cómo están peor que antes de haberse iniciado el MIAS en mayo pasado. A este caos, se suma que la calidad del servicio es bastante precaria. En Guainía, de los 30 centros de salud cerraron 23; y los 7 que quedaron no están dotados de manera adecuada.

“El gobernador pasado, que hizo el acuerdo del MIAS con el ministerio, se robó la plata de la construcción de los centros de salud”, sostuvo Camacho. El gobernador actual ha dicho que no está de acuerdo pero que debe seguir con esta determinación de la administración anterior.

El presidente de Anthoc asegura que hay mucho más. “Estamos frente a un proceso de privatización, donde se haya una alianza entre el Ministerio de Salud con algunos gobernadores y algunos alcaldes corruptos, que son los que se prestan para ese tipo de medidas”. Y lo peor está por venir, pues estos son los primeros pasos para montar un meganegocio basado en la corrupción y represivo del derecho a la salud.

La reacción del sindicato no se ha hecho esperar. “Estamos preparando la petición de declaratoria de estado de cosas anticonstitucionales en salud ante la Corte Constitucional. Vamos a pedir un informe completo de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de salud en Colombia. Le vamos a pedir a la comisión de seguimiento de la sentencia T760 que haga un análisis pormenorizado de todos estos casos”.

Además, agrega la urgencia de regular la contratación. “Vamos a presentar un proyecto de régimen prestación de servicios de ley ordinaria, que desarrolle la ley estatutaria en el país, porque no podrá seguir siendo el ministro a través de resoluciones, quien regule la salud de todos los colombianos, pasando por encima incluso del Congreso”.

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