La verdad del caso del estudiante universitario Mateo Gutiérrez León: Otro falso positivo.

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A un año de mi detención:

Este relato expone cada una de las irregularidades, procedimientos amañados, violaciones al código de procedimiento general y los derechos fundamentales que me han sido negados desde mi captura hace un año, el 23 de febrero de 2017, por agentes de la DIPOL (Dirección de Inteligencia Policial) y la SIJIN (Seccional de investigación criminal - municipal y departamental) en plena vía púbica en la ciudad de Bogotá D.C.

Una vez capturado, sin permitírseme hacer la llamada que estipula la ley, sin decirme a donde me llevaban y bajo un* interrogatorio que intentaba violar el derecho de cualquier detenido a guardar silencio, me llevaron en un carro particular, bajo la dirección del Capitán Alexander* Torres de la SIJIN, a la calle 6ª con avenida Caracas, donde fui judicializado por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y hurto agravado.   

Cuando ya había sido judicializado pude llamar a un abogado y un familiar, para luego ser reseñado en la sala* del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) de Bogotá. Allí el reseñador de la policía puso como alias mi nombre de pila, que luego fue presentado en rueda de prensa por el ministro de defensa y el presidente, acusándome de ser el autor del ataque efectuado por el ELN al ESMAD (ocurrido 4 días antes en el barrio La Macarena de Bogotá) y de 10 ataques más. 

En medio como blu radio*, revista semana y RCN apareció mi foto bajo el pseudónimo de “alias Mateo” y el titular “capturado miliciano del ELN* en Bogotá”.

Todas estasmentiras buscaban ambientar el clima para que se hiciera efectiva la medida de aseguramiento, aún cunado nunca me imputaron los sucesos de la Macarena, tampoco de ser miembro del ELN; fui acusado de la colocación de un artefacto panfletario del 18 de septiembre de 2015 por parte del Movimiento Revolucionario del Pueblo, organización a la cual también me acusa la Fiscalía de pertenecer.

La “prueba” que sirvió al juez de control de grantías para aceptar la petición de la Fiscalía de enviarme a prisión preventiva, fue el testimonio rendido por Brayan Stiven Gómez Sánchez en enero de 2017; casi dos años después de los hechos imputados, en los que da una descripción completamente distinta a la mia. También “me reconoce” en un registro fotográfico donde no estoy yo, pero está anexada por aparte mi fotocedula y da un retrato hablado que tampoco guarda similitud alguna conmigo, pero que de forma inexplicable señala a quien “lo amenazó con un arma de fuego tipo cuchillo”, en palabras textuales de quien es para la Fiscalía un testigo “imparcial y confiable”.

La determinación del juez encontró más soporte en las divagaciones, imprecisiones y falta de argumentación de quien entonces era mi “defensor”, que en la argumentación de la Fiscalía. El juez aprovechó un abogado* incoherente y cantinflesco* para legalizar todas las irregularidades jurídicas de la Fiscalía.

Una vez avanzado el proceso, con un cambio de defensor que recaudó las pruebas técnicas que demuestran que me encontraba en otro lugar a la misma hora de los hechos del 18 de septiembre, en la audiencia preparatoria la fiscalía pide la suspensión de la diligencia violando el artículo 360 del código de procedimiento penal, que estipula que la audiencia preparatoria no puede ser suspendida a menos que sea por causas de fuerza mayor. Luego, aprovechando la suspensión, el fiscal solicita la conexidad de mi proceso con el que se adelanta contra los estudiantes y egresados de la Universidad Nacional injustamente acusados del atentado al Centro Comercial Andino, caso que presenta aún más irregularidades que el mío. 

Faltando pocos días para la realización de la preparatoria, la fiscalía vuelve a solicitar aplazamiento de la audiencia para esperar el veredicto de la conexidad. Una vez negada, por el juez segundo especializado, el fiscal se ve obligado a desarrollar la audiencia preparatoria para evitar que los términos corran en su contra. 

A la hora de iniciar el juicio, la fiscalía cambia una vez más su teoría y no especifica circunstancias de tiempo, modo y lugar, tampoco busca probar que estaba en el lugar de los hechos, pues sabe que no estuve allí, se centra en intentar probar mi pertenencia al MRP, por aparecer en un video charlando con otra persona que actualmente también esta injustamente detenida. Para la policía y la Fiscalía, que busca un fallo condenatorio dando por sentado la culpabilidad de otra persona ajena a mi proceso, sin tener pruebas de ella, es necesaria sanear todas sus irregularidades con una serie de herramientas que tienen a su alcance generar nuevos montajes donde capturan un grupo de amigos universitarios, el uso irresponsable y mentiroso de los medios de comunicación que intentan dibujar un panorama de culpabilidad a los jueces, el acoso y la persecución por parte de los aparatos de seguridad del Estado, las pruebas falsas e ilegales.

Todo hace parte de un esquema basado en el montaje, donde la objetividad, que es lo más importante a la hora de juzgar un delio, no importa. Es más, el suceso imputado tampoco importa, pues en un principio los medios me acusaron de la bomba de la Macarena, luego de la panfletaria de septiembre de 2015, para terminar acusándome de más de 10 hechos en el escrito de acusación, pero sin poder situarme de manera concreta en ninguno y de pertenecer al MRP.

Los medios me presentan hace un año como culpable, así como lo hacen con los acusados del Centro Comercial Andino, pero no hablan de los allanamientos ilegales, los falsos testigos, el robo de mis pertenencias y dinero por parte del capitán Torres de la seccional anti-terrorismo de la SIJIN, o de los intentos por parte de un Mayor, que nunca se identificó, de interrogarme fuera de la estación donde me encontraba antes de ser trasladado a la cárcel, y al cual se opuso el patrullero a cargo de mi custodia, quien luego me manifestó en privado la intención explícita de su superior de querer torturarme para sacar la información que “no habían podido obtener” en mi captura.

Este esquema de montaje se repite constantemente en Colombia: líderes sociales, activistas, políticos, estudiantes, campesinos y miembros del movimiento indígena son perseguidos por el Estado, que los encarcela o asesina por expresar “posturas políticas contrarias al establecimiento” en palabras del fiscal y los policías que han intervenido en mi juicio. Sin poder probar siquiera que alguno haya incurrido en el delito político.

Allí, la Fiscalía entra en contradicción, pues si bien los procesos que entabla tienen un marcado carácter político, y lo dicen abiertamente, acusan de terrorismo y concierto para delinquir, intentando dar una vez más una respuesta criminal a los problemas sociales y políticos del país.


Mateo Gutiérrez León

23 de febrero de 2018

Carcel Nacional Modelo – Bogotá D.C.

 

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