De las encíclicas intelectuales de que la paz no es un derecho fundamental y mucho menos un principio

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Se ha vuelto cotidiano escuchar a los representantes del despojo de tierras, de los concentradores de la riqueza financiera, de sus testaferros y peor de los áulicos inorgánicos, que en el proceso de paz con las FARC:

“se favoreció a terroristas, se acaba con la propiedad privada, se deja participar en política a criminales de lesa humanidad, se en ruta al país hacía la venezonalización de la sociedad del Estado colombiano” y desde la intelectualidad jurídica, se escucha decir “que en materia de negociaciones paz, el Estado no está representado por el Ejecutivo, pues éste en esencia, solo tiene una representación política, más no una representación capaz de anular las funciones Constitucionales de la Rama Legislativa y de la rama Judicial y que estos poderes públicos, de forma unilateral en el desarrollo del conjunto de sus funciones, unilateralmente pueden objetar  y modificar una negociación de paz en la cual no hicieron parte, por no estar representados y donde uno de los extremos de dicha negociación como fue el ejército beligerante respectivo, no pueden interlocutar, pues no es válida su participación ni jurídica ni política, en el escenario de cada una de estas Dos (2) ramas del Poder Público, dada que esa capacidad de deliberación como grupo insurgente beligerante, en el contexto del Estado soberano colombiano, solo lo tienen frente al Poder Ejecutivo”.

Con estas afirmaciones concluyentes, retrocediendo en la historia del conflicto político – armado, en el país, nos vemos abocados a estar frente a una cultura del poder a la que no les admisible ningún proceso de paz, que pacifique la Nación y estructure parámetros de convivencia pacífica en la sociedad, muestra de ello, es lo acontecido en un intento de paz, de los tantos que se tienen referencia desde el Siglo XIX,  “………..sobre el interés de humanizar el conflicto, soportado en el derecho de gentes, como limites a los excesos en el conflicto armado, traemos a colación la misiva, en agosto de 1861,  al Presidente conservador MARIANO OSPINA RODRIGUEZ[1], suscrita por el  Ex presidente TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA, con ocasión de la alzada en armas de los Estados del Cauca, Bolívar y Santander, donde le manifestó: “Habiendo obtenido que los generales Posada i Henao me reconociesen como beligerante en la guerra civil, según las mutuas declaraciones que hicimos el 27 de agosto de este año, i después de un crudo como brillante combate que libré sobre las fuerzas de la confederación, celebré una suspensión de hostilidades i una esponsión, como preliminares para restablecer la paz en la Confederación (…..) en tan criticas circunstancias, yo apelo de nuevo a vuestro patriotismo para que hagáis cesar la guerra entrando en un avenimiento conmigo, para que desarmen los Ejércitos, i que convoquéis una Convención que reconstituya el país libremente”.

Ante lo cual el Presidente conservador OSPINA RODRIGUEZ contestó; “(…..) yo no puedo como presidente constitucional sino lo que la Constitución i las leyes ordenan, i no conozco disposición ninguna que haya autorizado al presidente ni a ningún otro funcionario para entrar en avenimientos con los que resisten con las armas en la mano el cumplimiento de la ley i la obediencia debida a los poderes públicos; i como U conoce el artículo 66 de la Constitución que dice: “es prohibido a todo funcionario o corporación pública el ejercicio de cualquier función o autoridad que espresamente no se le haya conferido”, reconocerá usted fácilmente que lo que U me propone es una cosa que está fuera del circulo de mis facultades. Lo que la Constitución i la lei me ordenan espresamente en el caso mencionado es emplear la fuerza pública de la Confederación o la de os estados para restablecer el orden, es decir el cumplimiento de la Constitución i las leyes. Si U quiere la paz de la República, nada le es más fácil: desarme U su ejército i la guerra se acaba. Dice U que para probar su desinterés piensa retirarse al extranjero cuando la guerra haya terminado; retírese hoy desarmando su ejército i quedará la República en paz i el desinterés de U comprobado. Yo no puedo desarmar el ejército de la Confederación porque la lei me manda tenerlo armado mientras haya quien con las armas en la mano turbe el orden general; pero a U que lei obligatoria le manda invadir los estados, acometer las fuerzas de la Confederación i derramar la sangre de los ciudadanos honrados que están cumpliendo el deber sagrado de mantener el orden legal (….)”. (ESTATUS DE BELIGERANCIA A LAS FUERZAS INSURGENTES COMO RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE GENTES- DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO), lo que muestra claramente que las mismas posturas de ayer para negar la paz, hoy como un derecho fundamental, son las encíclicas intelectuales que han mutado en forma, pero en esencia, son los mismos derroteros que delimitan cualquier aspiración de paz en los últimos doscientos (200) años.  

En nuestra cultura de poder político, no es aceptable que se pretenda morigerar el Estado, ni siquiera con reformas superficiales, ello connotaría la perdida de la esencia de un Estado fuerte y proclive a las familias que han vivido, se mantienen y viven del usufructo del poder del Estado, que por derecho de herencia de una Monarquía Política, perder toda su confección económica que con grandes costos que asumen los que no pertenecemos a ella y de la cual esas familias reales del poder no están dispuestas a que se cambien so pretexto de la paz para todos, la paz solo es para unos y el Estado a esos pocos le debe seguir manteniendo esos privilegios, lo demás no importa y hay que fortalecer permanentemente ese criterio de manipulación de una audiencia inorgánica que repita lo mismo, sin capacidad de análisis y de construcción de una opinión transformadora de la sociedad, por eso los áulicos inorgánicos. 

Desde esta óptica del poder político, económico y jurídico, un proceso de paz, en la práctica debe presentar las siguientes características:

1.    Con base en el mismo texto Constitucional, los principios no pueden ser derroteros delineadores del derecho, entendiendo que el derecho es un todo metafísico, sin capacidad de mutación o cambio, por ende admitir que los principios nacen de la exigencia de transformación y cambio y de la aceptación de que los poderes públicos deben estar acorde con un Estado democrático, es riesgoso, de ahí que el Estado, no pueda aceptar reformas que no estén establecidas antes de la reforma, es decir, el Estado no se puede reformar hacía vías de pacificación, porque previamente el Estado no está estructurado para ser democrático en el mundo del deber ser, sino en el mundo del ser.

2.    En los últimos procesos de desarme de grupos al margen de la ley o del Estado, más recientes, de que se tenga conocimiento, el de las guerrillas liberales de los Llanos Orientales (1953) M19 (9 de marzo de 1990), QUINTIN LAME (6 de marzo de 1991), EJERCITO POPULAR DE LIBERACIÓN – EPL- (15 de febrero de 1991), PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES – PRT- (26 de enero de 1991), una facción del EJERCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL – Corriente de Renovación Socialista (9 de abril de 1994), no se firmaron verdaderos acuerdos de paz y mucho menos se erigieron estos como Instrumentos políticos – jurídicos, del Derecho Internacional Humanitario,  en el sentido que lo común fue que el Estado, solo concedió amnistías e indultos y algunos compromisos irrealizados,  para que pudieran participar en política, pero no se suscribieron acuerdos que así fuera tangencialmente  reformaran la estructura del Estado y territorializaran la consecución de la paz a través de una política de redistribución de la tierra, zonas de suscripción electorales de paz, entre otros punto de un acuerdo de pacificación como el reciente, siendo por lo tanto una constante que no se puede modificar hoy, en la pretensión de que el ACUERDO ESPECIAL DE PAZ SUSCRITO CON LA FARC, permitan cambios que nunca han sido pactados con guerrilla alguna, incluso, con la que pudo configurarse tal herejía fue con la guerrilla del M19, y en diciembre de 1989, el Congreso le hundió al Ejecutivo, la reforma sustentada en el Acuerdo previo con el M!9, que había pactado VIRGILIO BARCO, por tal razón los alcances plasmados en el ACUERDO DE PAZ con las FARC, son un atentado a la historia conservadora de los procesos de paz en Colombia, siendo inamovibles los puntos en los que históricamente se han fundamentado los acuerdos de paz con los grupos alzados en ARMAS, sin mencionar lo acontecido en el SIGLO XIX, que es otra historia de pactos de paz, sin contenido programático llevados a la realidad, sino por la fuerza militar y política, de los mismos liberales y conservadores enfrentados en ARMAS, por el TIPO Y MODELO ESTADO PRINCIPALMENTE.  
 
Es por ello, que sí el proceso de paz con las FARC, no se circunscribe en estos delineamientos, no puede existir implementación real de ningún acuerdo, puesto que el mismo ACUERDO ESPECIAL DE PAZ, debe tornarse inexistente, por una negación del principio negativo de la historia LIBERAL – CONSERVADORA, del país, que no tolera modificación de la estructura del Estado y mucho menos fortalecimiento político de esa guerrilla desde los territorios de nuestra geografía, por la vía o como resultado de unos diálogos de paz con un grupo al margen de la Ley.

Sin embargo, desde el contexto del Derecho Constitucional colombiano, y sustentados en que los principios como mandatos de optimización de los bienes tutelados o protegidos en el orden jurídico, que irrigan el derecho en general, no son una constante si creación deontológica, dicho de otra manera, los principios existentes hasta hoy en el derecho, no son los únicos existentes, es decir  sin posibilidad de creación de otros, o nuevos, en el orden jurídico, tenemos entonces que del mismo texto Constitucional vigente, principalmente tomando como fundamento el preámbulo de la Constitución y los artículos 1 y 2 del Texto superior, al calor del debate actual que llama a superar o desarrollar la capacidad de romper con un derecho soportado en principios que puedan negar, la creación de unos nuevos, estos artículos permiten establecer la existencia del PRINCIPIO DE INESCENDIBILIDAD DEL ESTADO EN PAZ, que conlleva a erigir en sujeción con el artículo 113 de nuestro Orden Jurídico Constitucional, que la negociación de paz que se adelantó con las FARC y que se adelanta hoy con el ELN, tiene en uno de los extremos al Estado[2], el cual no se subdivide y mucho menos se divide, en que el que adelanta la negociación política, no tiene vocación de creación normativa dentro del Estado Social de Derecho, por no estar todos los componentes del Estado, esto es la Rama Legislativa y la Rama Judicial y los demás órganos autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado, en la acción de negociación, porque ello, sería establecer una desastroso precedente, de que una negociación de paz, a la luz de los Convenios de Ginebra[3] y los protocolos adicionales, el Estado es divisible, dividiéndose para dar paso a la teoría, que en una negociación de paz, no es el Estado el que negocia, sino un componente de dicho Estado y por ende, la vocación de producción normativa de ese acuerdo, no tiene prosperidad de transformación del Estado en lo político, económico, jurídico y cultural y sería establecer que erradamente, que para la dejación de armas, el Estado, si tiene habilitada a la Rama Ejecutiva, pero en la vocación de producción normativa, sin negociación alguna, de forma unilateral, las otras dos (2) Ramas del Poder Público, anulan todo aquello que no le sea consustancial al status quo, donde se cierne la existencia del Estado, que hizo prosperar por sus desigualdades a agentes irreverentes que se alzaron en armas  contra ese Estado, buscando una transformación.

Esta tesis de por sí peligrosa y quedaría al traste con un muy mal mensaje a la mesa de negociación  de paz con el ELN, no estaría incluyendo en su análisis inmutable el PRINCIPIO DE INESCENDIBILIDAD DEL ESTADO EN PAZ, entendiendo como tal que el Estado Social de Derecho dentro de sus fines de pacificación de los conflictos que se viven en la Sociedad, actúa como uno solo y que la representación política y jurídica no se desvanece solo en lo político, sino que para todos los efectos obligantes, el Estado está habilitado en cabeza del Ejecutivo, para desarrollar acuerdos con vocación de producción normativa, para la consecución de la paz como derecho y como principio[4], más aun cuando los artículos[5] 188 y 189 del Texto superior habilitan al Jefe del Estado, como es el Presidente, para que simbolice la Unidad Nacional, es decir, que desde el mismo texto constitucional vigente, son admisibles los acuerdos de paz con vocación de producción normativa que trasforme el statu quo, que dio origen al Conflicto Político Armado, que se negoció.    

Por estas mínimas razones, es procedente que el ACUERDO ESPECIAL DE PAZ, deba implementarse con base lo pactado, que compromete al Estado en su conjunto y no solo a una de las Ramas del Poder Público y somos los colombianos los llamados a exigir el cumplimiento de los acuerdos, no como una pretensión gaseosa o de representación de cualesquiera de los sectores que se abogan dicha representación política, sino por un compromiso ineludible de que la paz que añoramos, no es para los que siempre han detentado el poder, sino para los que queremos transformar a la sociedad colombiana, en un sociedad civilizada que supere la herencia de la monarquía y de los feudalitas políticos, que amamantan ejércitos privados y testaferros de sus intereses en la estructura del Estado, que están convencidos que el país no nos pertenece y que la propiedad del Estado, es de solamente ellos, cuando es de todos, inclusive incluyéndolos.  
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[1] Sacado del libro del derecho de gentes al derecho humanitario en Colombia 1821 – 1995, del Instituto de estudios Constitucionales  CARLOS RESTREPO PIEDRAHITA, de la Universidad Externado de Colombia, paginas 51, 52, 53 y 54, Autor: FRANCISCO BARBOSA DELGADO
[2] Artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, que a la letra señala; “Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.  Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.
[3] Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales
29-10-2010 Introducción
Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Protegen a las personas que no participan en las hostilidades (civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias) y a los que ya no pueden seguir participando en los combates (heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra).
Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales son la piedra angular del derecho internacional humanitario, es decir el conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados y que intentan limitar los efectos de éstos.

Protegen especialmente a las personas que no participan en las hostilidades (civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias) y a los que ya no pueden seguir participando en las hostilidades (heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra).

Los Convenios y sus Protocolos establecen que se debe tomar medidas para prevenir o poner fin a cualquier infracción de dichos instrumentos. Contienen normas estrictas en relación con las llamadas "infracciones graves". Se debe buscar, enjuiciar o extraditar a los autores de infracciones graves, sea cual sea su nacionalidad.
Convenios de Ginebra de 1949
El I Convenio de Ginebra protege, durante la guerra, a los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.
 EsteConvenio es la versión actualizada del Convenio de Ginebra sobre los combatientes heridos y enfermos, posterior a los textos adoptados en 1864, 1906 y 1929. Consta de 64 artículos, que establecen que se debe prestar protección a los heridos y los enfermos, pero también al personal médico y religioso, a las unidades médicas y al transporte médico. Este Convenio también reconoce los emblemas distintivos. Tiene dos anexos que contienen un proyecto de acuerdo sobre las zonas y las localidades sanitarias, y un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico y religioso.

El II Convenio de Ginebra protege, durante la guerra, a los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar.
 Este Convenio reemplazó el Convenio de La Haya de 1907 para la adaptación a la guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra de 1864. Retoma las disposiciones del I Convenio de Ginebra en cuanto a su estructura y su contenido. Consta de 63 artículos aplicables específicamente a la guerra marítima. Por ejemplo, protege a los buques hospitales. Tiene un anexo que contiene un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico y religioso.

El III Convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra.
 Este Convenio reemplazó el Convenio sobre prisioneros de guerra de 1929. Consta de 143 artículos, mientras que el Convenio de 1929 constaba de apenas 97. Se ampliaron las categorías de personas que tienen derecho a recibir el estatuto de prisionero de guerra, de conformidad con los Convenios I y II. Se definieron con mayor precisión las condiciones y los lugares para la captura; se precisaron, sobre todo, las cuestiones relativas al trabajo de los prisioneros de guerra, sus recursos financieros, la asistencia que tienen derecho a recibir y los procesos judiciales en su contra. Este Convenio establece el principio de que los prisioneros de guerra deben ser liberados y repatriados sin demora tras el cese de las hostilidades activas. Tiene cinco anexos que contienen varios modelos de acuerdos y tarjetas de identidad, entre otras.

El IV Convenio de Ginebra protege a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados.
 Los Convenios de Ginebra que se adoptaron antes de 1949 se referían sólo a los combatientes, y no a las personas civiles. Los hechos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial pusieron en evidencia las consecuencias desastrosas que tuvo la ausencia de un convenio que protegiera a los civiles en tiempo de guerra. Este Convenio adoptado en 1949 toma en consideración la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Consta de 159 artículos. Contiene una breve sección sobre la protección general de la población contra algunas consecuencias de la guerra, sin referirse a la conducción de las hostilidades, las que se tomaron en cuenta más tarde, en los Protocolos adicionales de 1977. La mayoría de las normas de este Convenio se refieren al estatuto y al trato que debe darse a las personas protegidas, y distinguen entre la situación de los extranjeros en el territorio de una de las partes en conflicto y la de los civiles en territorios ocupados. Define las obligaciones de la Potencia ocupante respecto de la población civil y contiene disposiciones precisas acerca de la ayuda humanitaria que tiene derecho a recibir la población civil de territorios ocupados. Además, contiene un régimen específico sobre el trato de los internados civiles. Tiene tres anexos que contienen un modelo de acuerdo sobre las zonas sanitarias y las zonas de seguridad, un proyecto de reglamento sobre los socorros humanitarios y modelos de tarjetas.
Artículo 3 común
 El artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra marcó un gran avance, ya que abarca los conflictos armados no internacionales, que nunca antes habían sido incluidos en los tratados. Estos conflictos pueden ser de diversos tipos. Puede tratarse de guerras civiles, conflictos armados internos que se extienden a otros Estados, o conflictos internos en los que terceros Estados o una fuerza internacional intervienen junto con el gobierno. El artículo 3 común establece las normas fundamentales que no pueden derogarse. Es una suerte de mini convenio dentro de los Convenios, ya que contiene las normas esenciales de los Convenios de Ginebra en un formato condensado y las hace aplicables a los conflictos sin carácter internacional:. “.

[4] La Paz, como principio tiene la vocación de alcanzar una mayor fuerza normativa, para la consecución de la finalización del conflicto armado que se vive en el país y comenzar a delinear el camino de una convivencia pacífica duradera, para la sociedad colombiana y la paz como derecho fundamental  se desarrolla como INSTRUMENTO ESPECIAL DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO para pacificar al país, disminuir notablemente la intensidad del Conflicto armando, se constituye en un instrumento válido desde el punto de vista Constitucional, como fuerza vinculante de transformación de la existencia y vigencia del orden jurídico Constitucional, del Estado Social de Derecho, que se inspira en  la posibilidad de desarrollar un garantísmo de los derechos en la consecución de su materialización.
[5] Artículo 188 de la Constitución que a la letra señala; “El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.

Artículo 189 de la Constitución que a la letra señala; “ Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:………”

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