En un claro intento por disminuir el Paro nacional de 24 horas del Magisterio, el Gobierno Nacional emitió el 19 de febrero, pero publicados el 20, los decretos que definen las tablas salariales de los docentes para el 2018.
Fecode se encuentra en estado de alerta ante la decisión de la Junta Nacional de desarrollar un paro nacional de 24 horas este miércoles 21 de febrero. Continúan los encuentros con el Ministerio de Educación para hacerle seguimiento a las múltiples problemáticas, pero son solo eso, reuniones.
En días pasados, el Comité Prodefensa de la educación nocturna y fines de semana para jóvenes y adultos sostuvo una reunión con varios senadores y aspirantes al Congreso para buscar apoyos en esta justa causa.
El paro de 24 horas del magisterio este miércoles 21 de febrero no tiene reversa y cada vez gana más apoyos. Las declaraciones de la Ministra de Educación y de la Presidenta de la Fiduprevisora, lejos de disminuir la intención de los maestros, sumaron a la comunidad educativa.
En el Colegio Distrital San Bernardino, ubicado en la localidad de Bosa, los estudiantes vienen realizando una toma pacífica para denunciar los movimientos en las jornadas escolares, que han derivado en estudiantes sobrantes, cierre de cursos e inestabilidad para los docentes.
La Fundación Abriendo Caminos a la Diferencia, FACAD, es una organización de familias con hijos en condición de discapacidad, quienes se han asociado para acompañarse y apoyarse mutuamente, especialmente, en la atención a sus hijos e hijas en salud, educación y recreación.
“Estamos haciendo una jornada de denuncia ante la ciudadanía porque hoy de manera injustificada faltan 115 maestros en los colegios de Bogotá, mientras que hay 246 maestros provisionales sin empleo”.
Fecode contabiliza que alrededor de 6.000 docentes se han visto afectados por la imposición del decreto 2105 a nivel nacional y los cambios en la jornada única. La ADE viene haciendo un seguimiento cercano a los y las educadoras sin asignación académica por culpa de la Secretaría de Educación.
Un grupo de docentes padres de familia de Bogotá denunciaron la vulneración en el servicio de salud que deben sufrir sus hijos, porque la entidad prestadora privó de servicios a niños en condición de discapacidad.
